Ante a la grave situación de afectaciones al territorio, los ecosistemas y la vida del pueblo maya peninsular, el día de hoy representantes de Pueblos mayas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo hicieron del conocimiento del gobierno federal que han declarado la Península de Yucatán como zona de emergencia socioambiental, solicitándole la implementación de diversas medidas para detener el grave deterioro social y ambiental que se ha incrementado en los últimos años y que afecta de manera principal a los pueblos indígenas.
Mediante un documento presentado ante la Presidenta de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Salud y que también será entregado a las gobernadoras de Campeche y Quintana Roo y al gobernador de Yucatán, representantes de pueblos mayas de la Península justificaron la necesidad de establecer medidas urgentes para detener las graves afectaciones provocadas por un modelo de desarrollo que ha generado pérdidas importantes del territorio y los ecosistemas de la región
La deforestación, la contaminación del agua, la muerte masiva de abejas y afectación a la apicultura, así como la pérdida de certificación orgánica de la miel por cercanía a granjas porcícolas y avícolas, la pérdida de semillas nativas y del territorio indígena, la ruptura del tejido social y el deterioro de la salud de los pueblos y comunidades, son el resultado de la implementación de diversos megaproyectos que se desarrollan en la península y que, de manera conjunta, están generando una crisis socioambiental sin precedentes cuyos resultados pueden ser irreversibles: la agricultura industrial, incluyendo la siembra ilegal de maíz y soya transgénicas, que ha generado la pérdida de grandes extensiones de selvas y montes y la utilización masiva de agrotóxicos (especialmente por el uso de fipronil, neocotinoides y glifosato) que matan a las abejas, afectando la polinización y destruyendo un medio fundamental de subsistencia del pueblo maya, además dichos agroquímicos vulneran la capacidad de acceso a certificación orgánica de la miel y por lo tanto también limita el costo de la miel; la existencia de más de 800 fábricas de cerdos y aves, muchas de ellas funcionando sin manifestaciones de impacto ambiental, que contaminan el agua, generan pérdida de masa forestal y contaminación de apiarios; el crecimiento sin control de las concesiones para la explotación de minas, así como la expansión inmobiliaria que se apropia de la costa peninsular y reduce nuestras comunidades a colonias de las grandes ciudades y que sólo puede entenderse gracias a la colusión de las instituciones agrarias que permite la venta y despojo de ejidos, la destrucción de los cenotes y deforestación de millones de árboles por el proyecto del Tren Maya y el establecimiento de cerveceras que secan y salinizan nuestro manto freático, son sólo algunas de los mega proyectos que están destruyendo nuestro entorno natural, despojándonos del territorio y aniquilando nuestra integridad cultural.
Muchas de esas actividades y efectos han sido denunciadas por diversas vías ante las instancias administrativas, judiciales y políticas. Sin embargo la administración federal que recién culminó su mandado no garantizó nuestro ejercicio a la libre determinación ni tomó las medidas adecuadas para hacer frente a esta crisis socioambiental a pesar de la insistencia que los pueblos mayas le hicimos por diversas vías y en diversas ocasiones. En ese sentido, vemos con preocupación que la actual Secretaria del Medioambiente, Alicia Bárcenas, pareciera no tener como una de sus prioridades la península de Yucatán a pesar de ser la región más deforestada del país y una de las más afectadas por los diversos megaproyectos que se han establecido en los últimos años.
La exigencia de una declaratoria de emergencia socioambiental, parte del análisis conjunto de las consecuencias que las actividades antrópicas arriba señaladas causan en nuestro territorio, es decir se basa en la acumulación de los impactos causados a nuestro territorio y ecosistemas.
En ese sentido, conviene recordar que el gobierno federal ya ha establecido Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental que se han ido conceptualizando a través del Programa Nacional Estratégico (PRONACES) de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del Conahcyt y que han sido definidas como “Regiones geográficamente delimitadas que, por razones demográficas, económicas o políticas (industriales, agroindustriales, extractivas y de crecimiento urbano), se encuentran en una situación de estrés sanitario y ambiental extremo y creciente y que se caracterizan porque en ellas convergen 1. Un daño excepcional a la salud humana, expresado en altas tasas de graves enfermedades de todo tipo y 2). Un daño excepcional al medioambiente natural y todos sus componentes: aire, agua, suelos, acuíferos, biodiversidad, entre otros.
Por su parte, la Ley General de Protección Civil también establece la facultad de los órganos que la componen el Sistema de Protección Civil, de declarar estados o zonas de emergencia por daños socioambientales derivados de las actividades antrópicas.
En consecuencia existen fundamentos legales para que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, establezcan medidas que detengan los graves impactos siocioambientales causados por los megaproyectos en la península de Yucatán, se sumen a la declaratoria de emergencia socioambiental que el día de hoy realizamos los pueblos y establezca todas medidas de investigación, sanción y reparación del daño necesarias para revertir la grave crisis que afecta a la Península de Yucatán, y especialmente al pueblo maya.
Principales problemáticas y sus afectaciones socioambientales
Crisis de las abejas
Las abejas, las cuales junto con murciélagos, colibríes y mariposas son responsables del 90% de la polinización de fitoespecies florares silvestres, de acuerdo con el Informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos enfrentan una disminución masiva de su población en la península de Yucatán ocasionada por el aumento de la deforestación con fines de agroindustria, organismos genéticamente modificados, uso de plaguicidas, fumigaciones aéreas y agrotóxicos. En el caso de la deforestación, ésta provoca: destrucción de colmenas, reducción del suministro de alimentos y del flujo de genes entre las abejas de la misma especie.
Las abejas, las cuales junto con murciélagos, colibríes y mariposas son responsables del 90% de la polinización de fitoespecies florares silvestres, de acuerdo con el Informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos enfrentan una disminución masiva de su población en la península de Yucatán ocasionada por el aumento de la deforestación con fines de agroindustria, organismos genéticamente modificados, uso de plaguicidas, fumigaciones aéreas y agrotóxicos. En el caso de la deforestación, ésta provoca: destrucción de colmenas, reducción del suministro de alimentos y del flujo de genes entre las abejas de la misma especie.
Afectaciones por megafabricas porcícolas y avícolas
En la PY se encuentra el 14.2% de las granjas porcícolas identificadas en la República Mexicana, y el estado de Yucatán provee el 9% de la producción nacional. Los números indican que la producción local va en aumento, ya que esta industria crece a 4.5% anual, un porcentaje incluso mayor que el de Sonora y Jalisco (2.6 y 1.7%, respectivamente), principales productores de carne de cerdo en México (OCDE, 2019). Por otra parte, la producción porcina vista a partir del número de animales sacrificados para la península de Yucatán fue de 1 875 890 cerdos en 2018. A partir del “Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán” publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2023, se tiene como cifra oficial que existen, tan sólo en Yucatán, 507 granjas porcícolas, aunque estos años la cantidad de granjas identificadas subió amásde872deacuerdoala organización internacional Mercy for Animals.
Afectaciones por la industria inmobiliaria
Además de los riesgos ambientales y a la salud, la industria porcícola afectaciones al modo de vida de diversas comunidades mayas y sus territorios, ante la defensa de éstos, la respuesta del gobierno ha sido la criminalización y el hostigamiento judicial, lo anterior sin contar, que ninguna de las megafábricas se realizó un proceso de consulta indígena.
El extractivismo inmobiliario o urbano ha generado diferentes afectaciones socioambientales, principalmente hacia las comunidades indígenas periféricas a los polos de desarrollo urbano. Entre sus afectaciones se encuentran: el despojo del territorio y del patrimonio biocultural de las comunidades mayas que se da a partir de la privatización y mercantilización de “tierras ejidales”, muchas veces a través de engaños en complicidad con instituciones agrarias, lo cual ha sido caracterizado como “mafia agraria”. La especulación inmobiliaria va encaminada, principalmente, a la construcción de zonas residenciales y turísticas, es así que muchos cenotes son modificados y dinamitados, algunos convertidos en lagos artificiales o en atractivos turísticos, sin contar con una planeación adecuada, incluyendo un proceso de consulta indígena,estos proyectos se pueden observar en Mérida, Valladolid, en la costa norte y oriental de la península, así como en diversos puntos por lo que atraviesa el Tren Maya.
Afectaciones por el megaproyecto del Tren Maya
El Tren Maya (PTM) fue uno de los principales megaproyectos del sexenio pasado, desde sus inicios diversos investigadores manifestaron sus posibles impactos, incluso, las voces disidentes del PTM intentaron ser silenciadas como en una investigación realizada por un equipo multidisciplinario del entonces. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual señaló que para el caso de la Península de Yucatán se afectarían bosques tropicales, manglares y humedales, los cuales sufrirían, entre otros efectos, degradación, fragmentación del territorio y deforestación. La fragmentación incuye 23 Áreas Naturales Protegidas, incluyendo las Reservas de la Biosfera de Sian Kaan y Calakmul, 7 Regiones Terrestres Prioritarias, 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias y 10 Áreas de Importancia para la conservación de los Aves) y deforestación. Una de las afectaciones que más ha sido señalada es la del agotamiento y contaminación del acuífero de la península de Yucatán, dado que el PTM se previó que afectaría lagunas permanentes e intermitentes, zonas de inundación, aguadas, jaguey, escurrimientos temporales y humedales, especialmente en los municipios de Benito Juárez, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Pedro Antonio.
Santos, Bacalar y Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo y Calakmul del Estado de Campeche. Así como la destrucción de cenotes, en cuanto a esto, diversas organizaciones ambientalistas han denunciado que la construcción el Tramo cinco (5), que abarca los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, ha afectado dramáticamente a los cenotes y cavernas, pues se han rellenado y tapado con piedras y utilizado 17,000 pilotes de 1.2 metros de diámetro a 25 metros de profundidad para sostener las obras del tren, causando daños que son irreversibles para los ecosistemas de la región y pudiendo colapsar sus frágiles capas geológicas.
Derechos violados son nuestras exigencias.
Sobre la crisis que enfrentan las abejas. Que se prohíba la comercialización y el uso del fipronil y los neonicotinoides. Que se trabaje en establecer mecanismos de prevención y atención de eventos de intoxicación de abejas por plaguicidas. Que se redoble el esfuerzo para detener el avance de la frontera agrícola, derivado de la expansión agroindustrial.
Que se establezca, junto con las comunidades afectadas en los 3 estados y un grupo de expertas y expertos consensuados entre comunidades y Estado, un programa de reforestación para la Península de Yucatán.
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